El asambleísta departamental de Cochabamba Joel Flores, de APB-Súmate, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el gobernador Leonardo Loza por el presunto delito de incumplimiento de deberes. La acusación está relacionada con una supuesta demora en la atención de la emergencia por sequía que afecta a municipios del Cono Sur cochabambino.
Flores cuestionó que la Gobernación no hubiera desplegado oportunamente la asistencia prevista por la Ley Departamental N.º 1255, promulgada el 4 de noviembre. Según su denuncia, los recursos autorizados debían movilizarse de inmediato para llevar agua y otros insumos a las comunidades perjudicadas.
La normativa contempla la disponibilidad inicial de 1,3 millones de bolivianos mediante ajustes presupuestarios. Esos fondos están destinados, entre otras medidas, a contratar cisternas, adquirir tanques y politubos, y comprar forraje e insumos para el ganado.
Entre los municipios identificados como prioritarios figuran Aiquile, Omereque, Pasorapa, Pojo, Totora, Mizque y Sacabamba. El legislador sostuvo que la falta de agua afecta tanto a las familias como a la actividad pecuaria y advirtió sobre pérdidas de animales en las zonas golpeadas por la sequía.
De acuerdo con declaraciones de Flores difundidas por eju.tv y otros medios nacionales, el asambleísta afirma contar con la constancia de presentación de la denuncia ante la Fiscalía Departamental. Sus cuestionamientos se centran en los días transcurridos entre la aprobación de la ley y el inicio de las acciones de ayuda.
Por su parte, el 30 de octubre, Loza había informado públicamente que remitió a la Asamblea Departamental una propuesta para disponer de 1,3 millones de bolivianos con el fin de atender la sequía, particularmente en Omereque y Pasorapa, según reportó el diario Opinión. Esa gestión es un antecedente del trámite presupuestario ahora cuestionado.
Hasta el momento, los reportes consultados confirman la presentación de la denuncia, pero no una resolución fiscal sobre su admisión ni una determinación de responsabilidad. Corresponde al Ministerio Público evaluar los hechos denunciados y garantizar el derecho a la defensa de la autoridad señalada.
Imagen: Leonardo Loza en una intervención pública del 30 de octubre. Fotografía de la Gobernación Autónoma Departamental de Cochabamba (GADC), difundida por Opinión.
