Peruanos responsabilizan al Congreso de la crisis política




Víctimas de la represión que fallecieron por perdigones, quedaron heridas o fueron retenidas, se enfrentarán en tribunales con la Policía y las exautoridades.

Mientras el nuevo Gobierno inicia su gestión y designación de gabinete, el 91% de los peruanos desaprueba la destitución del expresidente Martín Vizcarra a manos del Congreso que se produjo el pasado día 9 de noviembre, mientras que un 78% de ellos responsabiliza exclusivamente al Parlamento por la crisis política que se desató en consecuencia.

Así se desprende de la primera encuesta publicada sobre la gravísima crisis política y social que dejó dos muertos, decenas de heridos, casos de desaparecidos y la sucesión de dos presidentes en menos de una semana, realizada por el Instituto de Estudios Peruanos y difundida por el diario La República.

Los datos de la encuesta coinciden con la apreciación evidente en las calles del rechazo masivo a los pasos del Congreso que llevaron a la asunción de Manuel Merino como jefe del Estado y su ilegitimidad.

La encuesta se realizó por vía telefónica entre los días 12 y 15 de noviembre, aún bajo el mandato de Merino y antes de su dimisión, y cuenta con un margen de error de +/- 3,9%.

En otro dato significativo, la desaprobación de la gestión del Congreso alcanzó el 90%, mientras que la aprobación de Vizcarra al momento de su destitución fue del 77%, un registro récord en la vida política peruana y pese a las graves acusaciones de corrupción que pesan en su contra. En octubre, la desaprobación del Congreso era del 65%.

El 83% de los peruanos considera además que la decisión de la vacancia se dio exclusivamente por los intereses políticos o personales de los congresistas y no por su compromiso en la lucha contra la corrupción.

Frente a frente

Las víctimas de la represión a las movilizaciones de protesta en Lima, que fallecieron por perdigones, quedaron gravemente heridas o fueron retenidas, se volverán a enfrentar nuevamente a la Policía y a las autoridades peruanas, pero esta vez ante los tribunales de Justicia.

Las investigaciones por la represión policial del pasado sábado en Lima ya están en curso de la mano de la Fiscalía, cuya misión fundamental será encontrar “las órdenes que se dieron para actuar de esta manera”, explicó el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo.

Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de dos manifestantes, Inti Sotelo y Jack Brian Pintado, asesinados por disparos de arma de fuego, y hay nueve heridos graves que, según Jugo, “con seguridad ya han sido denunciados y esos casos van a continuar”. Además, al menos uno de los 77 desaparecidos que la CNDDHH reportó como tal horas después de la marcha del sábado, Luis Fernando Araujo, denunció tras reaparecer que estuvo retenido contra su voluntad hasta el martes por un equipo especial de la Policía denominado Terna, que actúa de civil y que tuvo un papel central en la represión ciudadana.

“Hay otras versiones que están comprobándose, pero esa (la de Araujo) es quizás la de mayor tiempo (tres días) y que puede ser la que tenga mayor verosimilitud”, indicó Jugo.

El abogado añadió que  “hemos encontrado varios casos de personas con pánico, con una situación psicológica de bastante alteración, y ellos tienden a dar manifestaciones en ese sentido de que la policía les perseguía y que si llegaba a mi casa, iban a detener a mis papás también”.

El letrado, que ha defendido otros casos de violación de los derechos humanos en el país, afirmó que “el tema de la investigación siempre es un riesgo porque, obviamente, encubren los hechos”. “En este momento, los responsables directos no tienen ningún tipo de apremio legal, entonces pueden estar ocultando pruebas”, indicó, en referencia al tipo de perdigones utilizados para contener la manifestación en las inmediaciones del Congreso.
 

Desaparecidos retornaron a sus hogares

Transcurridos cuatro días después de la multitudinaria manifestación del sábado, cuya represión forzó la renuncia del presidente Manuel Merino al día siguiente, el letrado Miguel Jugo afirmó que “ya no hay ninguna persona que esté en esa condición (de desaparecida)”.

La  mayoría retornaron a sus casas, algunos después de estar escondidos unas horas y otros fueron localizados en los hospitales con lesiones.

 El abogado de la familia de Jack Bryan Pintado, Jimmy Sotomayor, denunció que la Policía intentó  participar en la necropsia y se acercaron al velatorio de la víctima, que murió al recibir diez perdigones en el cuerpo,  intimidante. En tanto, el abogado de la familia de Inti Sotelo, Walter Matos, dijo que la Fiscalía está colaborando.   “Estamos denunciando un homicidio y queremos probar el ensañamiento contra Inti, quien falleció por cuatro proyectiles en el tórax”, dijo.

SIP exhorta a investigar las agresiones a periodistas

 La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exhortó  al nuevo Gobierno de Perú a que “investigue y castigue” a los responsables de las agresiones contra periodistas que ocurrieron durante las protestas por la crisis institucional que ha sacudido al país en los últimos días.

La SIP indicó en un comunicado que al menos 40 periodistas fueron agredidos durante las manifestaciones antigubernamentales, en su mayoría en Lima, y como consecuencia de fuerza policial. Durante las protestas, agregó, dos jóvenes manifestantes murieron y centenares sufrieron agresiones.

“Si bien saludamos las disculpas del presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, por la violencia desplegada por las fuerzas de seguridad, reiteramos nuestro pedido de que se realice una investigación exhaustiva sobre el uso excesivo de fuerza en contra de los periodistas y se castigue a los responsables”, coincidieron Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa.

Aseguraron que la SIP continuará en “estado de alerta y vigilante sobre la crisis en Perú”, al tiempo que expresaron su esperanza de que el Gobierno “respete y garantice las libertades de prensa y expresión en el país, como una necesidad esencial para la resolución de la crisis política”. El peruano Instituto Prensa y Libertad aseguró que los profesionales de la comunicación “han sido gaseados, heridos con perdigones y canicas, empujados, golpeados, afectando gravemente el trabajo periodístico y el derecho a la información”.

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