El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, acusó este miércoles 11 de noviembre al expresidente Evo Morales de encabezar un presunto cártel de narcotráfico que operaría desde el Trópico de Cochabamba. La afirmación fue realizada durante una entrevista en el programa La Mañana en Directo de ERBOL y constituye una acusación de la autoridad, no un hecho demostrado judicialmente.
“Es el jefe de un cártel del narcotráfico que sale desde el trópico de Cochabamba, conocido también como el Chapare”, declaró Oviedo. El ministro vinculó además a esa presunta organización con el financiamiento de los bloqueos de caminos registrados entre mayo y junio de 2026 contra el Gobierno de Rodrigo Paz.
Durante la entrevista, la autoridad sostuvo que desde el Trópico de Cochabamba se habría enviado dinero para sostener las movilizaciones. Para sustentar su señalamiento, mencionó incautaciones de sustancias controladas en esa región y la influencia política de Morales sobre las organizaciones locales. No obstante, en las declaraciones recogidas por ERBOL no se presentó una resolución judicial que establezca que el expresidente dirija una organización criminal.
“¿Quién mandaba el dinero desde el trópico? En el trópico no se mueve una mosca si es que no ordena Evo Morales”, afirmó el ministro al insistir en su hipótesis sobre el origen de los fondos destinados a los bloqueos.
Consultado acerca de la posibilidad de que Estados Unidos adopte acciones contra Morales, Oviedo evitó anticipar decisiones de ese país y señaló que las autoridades estadounidenses actúan conforme a sus propias competencias, mientras Bolivia debe asumir las suyas.
Las declaraciones se suman a los anteriores cuestionamientos del Gobierno de Rodrigo Paz contra Morales por las protestas y el bloqueo de carreteras. En junio, Oviedo ya había planteado que recursos provenientes del narcotráfico podrían estar financiando las movilizaciones y sostuvo entonces que correspondía al Ministerio Público investigar las eventuales responsabilidades.
La gravedad de las afirmaciones exige distinguir entre denuncia pública, indicios e imputación acreditada. Cualquier eventual responsabilidad penal deberá establecerse mediante investigaciones y decisiones judiciales con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa. Fotografía de archivo del ministro Marco Antonio Oviedo, difundida por Radio Panamericana.
