Informe de la Defensoría acusa al Gobierno transitorio de delitos de lesa humanidad

Un informe defensorial sobre los hechos registrados después de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, concluye que el Gobierno transitorio cometió delitos de lesa humanidad durante el conflicto poselectoral, al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil, bajo conocimiento, órdenes e instrucciones” dictadas bajo la actual administración gubernamental, y en actos de tortura por parte de la Policía Boliviana.

El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre-Diciembre 2019”, presentado este lunes por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, describe y muestra la vulneración de derechos, los hechos violentos y las situaciones en que se produjeron 37 muertes, 27 de éstas durante la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Sacaba, Senkata y en barrios de la zona sur de La Paz.

Concluye, además, que casi 10 meses después de lo ocurrido no existe, ni existió, un proceso de pacificación real en el país, que a pesar del cese de las movilizaciones sociales y bloqueos de caminos; y de las operaciones conjuntas policiales militares, así como la  eximición de responsabilidad penal prevista en el Decreto Supremo 4078; la paz y la armonía en el país no se restablecerán debido a la persecución a ultranza de opositores políticos; la violación sistemática de derechos humanos y el manto de impunidad sobre éstas.

El informe defensorial señala que las 20 muertes en Sacaba y Senkata, durante las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y Fuerzas Armadas, se constituyen en masacres, “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno Transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.

Según la Defensoría, también están considerados como delitos de lesa humanidad los otros siete fallecimientos, dos ocurridos en el norte integrado de Santa Cruz; uno en el municipio de Betanzos; tres en las zonas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa en La Paz, durante la intervención de las fuerzas policiales y personas particulares con la aquiescencia de la institución del orden; y otro en Sacaba el 11 de noviembre.

En cuanto a las otras diez muertes suscitadas en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, entre ellas de dos efectivos policiales y un trabajador de la prensa, según el informe defensorial, son “hechos de asesinato, homicidio u otras afectaciones al derecho a la vida, provocadas por personas particulares ante omisiones de brindar seguridad por la Policía Boliviana”. Agregó que en ese marco además hubo agresiones, asaltos, quema y saqueo de instalaciones policiales vulnerando el derecho a la vida, integridad personal, seguridad personal y dignidad de los uniformados.

De acuerdo a los hallazgos de la Defensoría del Pueblo, si bien era necesario el uso de la fuerza por parte de la Policía Boliviana para restablecer el orden, se le cuestiona el haber cometido  actos de tortura durante la custodia de las personas detenidas el 11 de noviembre de 2019, en las zonas de Ovejuyo, Rosales, Pedregal y Chasquipampa de la ciudad de La Paz; en Ciudad Satélite, Villa Dolores, Faro Murillo y Villa Adela en El Alto, y trasladadas a los Distritos Policiales 4 y 3, Comando General de la Policía Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la sede de Gobierno.

“Hechos en los cuales se evidencia la existencia de elementos que pudieran configurar el delito de asesinato bajo las características de lesa humanidad, tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales y otras violaciones de los derechos a la vida, integridad personal, libertad e igualdad y no discriminación”, señala el informe defensorial.

También se observa que las personas detenidas en El Alto el 11 de noviembre de 2019, fueron presentadas públicamente por la Policía como autores de los hechos delictivos ocurridos esa fecha, sin que hayan sido juzgadas y condenadas en el marco del debido proceso, vulnerando su derecho a la presunción de inocencia en su dimensión de regla de trato.

Se evidencia, además, que a la fecha no se garantizó el acceso a la justicia a las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en las tres etapas del conflicto que se describen en el informe defensorial, y que los plazos razonables establecidos en la norma penal ya se agotaron superabundantemente; tampoco existe debida diligencia en la obtención y resguardo de la prueba y ni se han identificado a los presuntos responsables.

“La Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público han vulnerado el derecho a la verdad a través de acciones ilegales destinadas a eliminar, alterar o condicionar los elementos de convicción, al haberse evidenciado el amedrentamiento de testigos y víctimas, alteración de la escena del crimen, desaparición de evidencia y la emisión de prueba pericial que no cumple estándares técnicos”, señala el informe.

Por otro lado, se observa que las declaraciones públicas de altas autoridades gubernamentales sobre las investigaciones de estos hechos criminales,  representan un grave riesgo a la independencia de los operadores de justicia, pues se busca eludir o minimizar la responsabilidad estatal en las graves vulneraciones a los derechos humanos.

El informe defensorial denuncia incumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad establecidos en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, durante las intervenciones de la Policía Boliviana, que además fue permisible ante hechos violentos protagonizados por personas particulares y no cumplió con su obligación de prevención y socorro en los casos de vejaciones, actos humillantes, discriminatorios y agresiones físicas, incluso de carácter sexual, ocurridos en Vila Vila y las agresiones a familiares de ex autoridades legislativas.

La conformación e implementación de grupos paraestatales, que se arrogaron y aún se arrogan las funciones de seguridad interna de competencia exclusiva de la Policía Boliviana, también se dio bajo la permisibilidad de esta institución, es otras de las conclusiones a las que arribó la institución defensorial.

En el conflicto poselectoral, el informe concluye que existió coacción directa, restricción de circulación, afectación a instrumentos de trabajo y bienes personales, humillación y hechos de discriminación, retención arbitraria, amenazas a la seguridad personal y vida de las y los trabajadores de la prensa e incluso de sus familiares y  que vulneraron su derecho de ser protegidos por el Estado. La afectación a los derechos de las y los trabajadores de la prensa, sumada a la suspensión de la transmisión habitual de medios de comunicación como BoliviaTv, Abya Yala, UNITEL, Radio Patria Nueva, Radio Comunidad, entre otros, así como la suspensión de la impresión de varios periódicos como La Razón, Página Siete, Opinión y Los Tiempos por la falta de protección estatal, vulneró el derecho a la libertad de expresión, información y comunicación.

Los hallazgos durante la elaboración del informe coinciden con los informes emitidos por instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Clínica de Derechos Humanos de Harvard en los que se señala que en Bolivia, durante el conflicto poselectoral hubo la vulneración sistemática de derechos humanos, y con el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) que concluyó que en este periodo existió hecho de tortura y malos tratos contra civiles.

Dentro de las determinaciones emitidas en el informe, la Defensoría del Pueblo realiza una serie de recomendaciones como la que demanda “al Ministerio Público y al Órgano Judicial investigar, hasta lograr el esclarecimiento de todas las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto a fin de identificar y sancionar a los responsables”. Les recomienda, además, investigar las vulneraciones de derechos en las operaciones conjuntas de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas el 15 y el 19 de noviembre, en las Masacres de Sacaba y Senkata; en las intervenciones de la Policía  y de particulares con la aquiescencia de la institución del orden en las zonas paceñas de Ovejuyo, Pedregal, Rosales y Chasquipampa el 11 de noviembre, la realizada en Sacaba en la misma fecha, y en las operaciones conjuntas en el norte integrado cruceño el 12 y 13 de noviembre y en Betanzos el 12 del mismo mes.

Recomienda, asimismo, la emisión de una ley para la creación de una Comisión de la Verdad independiente y con miembros de alta calidad ética y moral, destinada a investigar de forma imparcial todos los hechos que vulneraron los derechos humanos durante el conflicto; de otra Ley para la reparación integral de las víctima de éstas vulneraciones; y una ley que establezca sistemas y mecanismos de protección, así como la provisión de equipos de seguridad a las y los trabajadores de la prensa que realizan cobertura de noticias en conflictos sociales y que democratice el acceso a la publicidad estatal.

Este informe será puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la institución defensorial espera que el próximo Gobierno elegido por voto popular a la Presidencia del Estado Plurinacional, impulse las investigaciones hasta esclarecer los hechos, establecer las responsabilidades y sancionar a los responsables.

Con información de la Defensoría