HRW ve «cargos desproporcionados contra Evo» y habla de «persecución»
El Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés), presentó este viernes el informe La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, en el que advierte «cargos desproporcionados contra Evo Morales» y pide al Gobierno dejar toda «persecución política».
El informe, de 53 páginas, establece que acusar al expresidente Morales por delitos de terrorismo —cuya pena es la de hasta 20 años de cárcel— es “desproporcionado”.
El documento toma como referencia el Caso Audio, en el cual el exmandatario conversa con el dirigente cocalero Faustino Yucra, y le pide “cercar” las ciudades de La Paz y Cochabamba para desabastecerlas.
“Emplear una definición excesivamente amplia de terrorismo para imputar a Morales delitos a los cuales les corresponden penas de hasta 20 años de cárcel resulta claramente desproporcionado en relación con la conducta reflejada en la conversación telefónica”, detalla el informe de HRW.
Asimismo añade que “en lugar de una medida orientada a asegurar el Estado de derecho, más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios”.
Por otra parte, Human Rights Watch sugiere al Gobierno interino de la presidenta Jeanine Añez “abandonar toda persecución política” contra sus opositores, ligados a la gestión de Morales.
“(Sugerimos al Gobierno interino) abandonar toda persecución por motivos políticos de personas que hayan tenido vínculos con el gobierno de (Evo) Morales o sus partidarios, y respetar la independencia judicial y fiscal”, señala HRW en su primera recomendación.
Detectan «procesos abusivos» y «detenciones arbitrarias»
En el informe, el Observatorio de Derechos Humanos detecta procesos “abusivos” contra exfuncionarios del gobierno de Morales.
Luego de tomar conocimiento de 21 casos, HRW señala que fueron evidenciados “cargos infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”.
Sobre esa línea, toma referencia los casos de la exjefa de Gabinete de Morales, Patricia Hermosa, en el que señala que fue detenida “únicamente en base al hecho de que mantuvo contacto telefónico con Morales después de él haber dimitido”.
Asimismo, sostiene también que la aprehensión contra el exasambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, fue “desproporcionada”, a pesar de que las declaraciones vertidas por la exautoridad “son declaraciones graves”.
Torrico cuestionó, en contacto con una radioemisora, si las madres “están dispuestas a sacrificar a sus hijos”.
“Aquí solo falta ver si las madres, los padres están dispuestos a tener a sus hijitos en la calle cuando haya enfrentamientos. No sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es sentir la muerte de tu hijo”, dijo Torrico.
“Los cargos de terrorismo y sedición se sustentan únicamente en declaraciones públicas realizadas por (Gustavo) Torrico en una radio el 29 de octubre de 2020, cuando Morales todavía estaba en la presidencia (…). Aunque estas son declaraciones graves, hacer una imputación considerando que constituyen actos de terrorismo y sedición es una medida desproporcionada”, sostiene.
