La semana pasada, la jueza Lilian Moreno anuló la orden de aprehensión contra Morales y ordenó trasladar el caso del departamento de Tarija a Cochabamba.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este lunes que la orden de aprehensión y la declaratoria de rebeldía contra el expresidente Evo Morales en el proceso de trata de personas con agravante continúan vigentes y remarcó que su ejecución está en manos de la Policía Boliviana.
“Vamos acatar lo que establece el procedimiento. Tenemos una imputación formal presentada en su momento y una declaratoria de rebeldía que dictó un juez cautelar en Tarija, lo cual, conforme a lo que ha mencionado el juez de La Paz, se mantiene vigente. Entonces, el ejecutarlo es, netamente, un trabajo de la Policía Boliviana”, explicó.
La semana pasada, la jueza Lilian Moreno anuló la orden de aprehensión contra Morales y ordenó trasladar el caso del departamento de Tarija a Cochabamba. Sin embargo, días después, un juez de La Paz ratificó la validez de las medidas dispuestas anteriormente, entre ellas la aprehensión, el arraigo migratorio y la declaratoria de rebeldía.
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“El Ministerio Público no puede actuar más allá de lo que la ley le permite. Hay ciertas decisiones que son exclusivamente jurisdiccionales. Conforme al artículo 279 del Código de Procedimiento Penal, nuestra obligación es dirigir la investigación”, aclaró Mariaca.
El caso se originó en octubre de 2024, cuando la Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión contra Morales por el presunto delito de trata de personas, tras una denuncia por haber mantenido una relación con una menor de edad, con quien tuvo una hija, durante su mandato presidencial, según las investigaciones fiscales.
