Compra de gases lacrimógenos, otros escándalo que presiona al Gobierno de Áñez

La compra de miles de cartuchos de gases lacrimógenos amenaza con convertirse en un escándalo tanto o más grave que el de los ventiladores. Hasta ahora, el Gobierno niega irregularidades, pero al mismo tiempo no da más detalles del por qué contrató a una empresa intermediadora para hacer la compra de estos, ni porque pagó el doble a una compra anterior.

La noticia la dio a conocer, el periodista Junior Arias en su programa “Detrás de la Verdad”. Entre tanto el Ministerio de Gobierno denuncio que era una noticia falsa «para dañar el prestigio y la dignidad del personal de este Ministerio».

Según reporta Brújula Digital, los documentos exhibidos en este programa de televisión establecen que el Ministerio de Gobierno envió el 25 de noviembre una carta a la empresa Cóndor en Brasil solicitando una propuesta para la compra de agentes químicos, pólvora y balines de goma.

Al día siguiente, el 26, el Ministerio de Gobierno da marcha atrás e informa a la empresa que la compra no se haría de manera directa, sino a través de una intermediaria, la compañía Bravo Tactical Solutions LLC, establecida en Miami, EEUU.

Con ese intermediario ingresa en el tema el ministro de Defensa, Fernando López, quien firmó el contrato el 19 de diciembre, por el cual se pagaron entre 250 y 270 bolivianos por cada cartucho de gas lacrimógeno, dependiendo del modelo. El Estado pagó en total 5,6 millones de dólares.

“Detrás de la Verdad” obtuvo el contrato por el que el Gobierno de Venezuela había comprado los mismos agentes químicos, a la misma empresa brasileña Cóndor, a menos de la mitad de precio cada uno (entre 14,50 y 15,50 euros, entre 111 y 118 bolivianos).

Por lo tanto, si el Gobierno de Bolivia hubiera comprado esos productos sin intermediario y directamente a la empresa Cóndor, como lo pensó en un principio, hubiera gastado aproximadamente 2,1 millones de dólares menos. Ese es el monto del supuesto sobreprecio.

Más serio que el caso respiradores
Este caso podría ser aún más serio del escándalo de los respiradores, que remeció al oficialismo el mes pasado, ya que involucra a dos de los ministros más poderosos y cercanos a la presidenta Jeanine Áñez, es decir Arturo Murillo, de Gobierno y Fernando López, de Defensa.

Pese a los documentos exhibidos por “Detrás de la Verdad”, no se ha establecido todavía mediante una investigación si efectivamente se produjo la supuesta compra con sobreprecio.

Un agravante de este caso es que el padre del representante de la empresa intermediaria, Luis Berkman, tiene amistad con Sergio Méndez, jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, según fotos exhibidas por “Detrás de la Verdad”. Méndez aparece también en muchas fotografías con autoridades de gobierno, incluida la presidenta Jeanine Áñez.

Murillo también parece conocer a Berkman, ya que lo sigue en la red social Twitter.

Otro agravante del caso es que Berkman fue acusado de tráfico de armas y cohecho, estuvo detenido en Palmasola en 2001, luego de lo cual se fue a EEUU.

Comunicado del Ministerio de Gobierno
Tras negar cualquier hecho irregular en esta compra, pero sin aportar datos o poner en duda la legitimidad de los documentos exhibidos por “Detrás de la Verdad”, el Ministerio de Gobierno solicita “al señor Arias que rectifique. Con esa historia falsa y construida sobre la base de insinuaciones irresponsables, el señor Arias está dañando la imagen el honor y la dignidad de varias personas”.

Es interesante hacer notar que el comunicado fue emitido por el Ministerio de Gobierno, cuando fue el ministro López el que firmó el contrato.

“La verdad del tema es que el señor Arias manipula es simple. Se trata de una compra estatal hecha dentro de la ley y de las normas y cumpliendo con absolutamente todos y cada uno de los requisitos que la legislación exige”, agrega el documento.

“Sin embargo, esa compra legal y normal es presentada de modo malicioso y manipulador por el señor Arias para construir una historia absurda que suene en redes como algo extraordinario y hasta ilegal”, añade.

El relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, criticó el comunicado del Ministerio de Gobierno y dijo que puede ser entendido como una presión a la libertad de expresión.