ALDT rechaza judicialización y observaciones de Oliva a ley de Emergencia Sanitaria contra el covid 19

Durante la mañana de éste jueves la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) recibió un informe del gobernador con observaciones a la Ley 407 de Emergencia Sanitaria Contra el Covid 19 y también recibió una notificación por parte del Ministerio Público por una demanda interpuesta por la gobernación.

La denuncia va en contra de los legisladores es por las modificaciones realizadas a la norma, en donde se establece que los subgobernadores son los que deben ejecutar la compra de alimentos para el programa de la canasta alimentaria 2020.

El presidente de la Asamblea Departamental, Guillermo Vega, indicó que el ente legislativo solamente acata las normas, dejando en claro que la Ley para la entrega de la canasta alimentaria a favor de los adultos mayores se la aprobó en una anterior gestión y que fue ahí que se estableció que la adquisición de los productos la realizarían los subgobernadores, en ese entonces ejecutivos seccionales.

La Gobernación a través de un Decreto Supremo, establece la compra de productos para la canasta alimentaria, por la emergencia, pero a través de la secretaria de Desarrollo Humano y no de las Subgobernaciones como se lo vino realizando en los anteriores años.

La Ley 407 ya establecía la compra de los productos y la entrega de la canasta lo antes posible, pero con la modificación se aclaró que debía hacérselo a través de las Subgobernaciones como lo señala la Ley departamental 072.

Durante la sesión del pleno éste jueves los legisladores rechazaron las observaciones y más aún la judicialización de la política.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental, María Lourdes Vaca, aclaró que es competencia del ente legislativo, legislar y fiscalizar, haciendo referencia a las observaciones realizadas por parte del gobernador.

“Algunas autoridades en vez de estar regalando canastas deberíamos estar consiguiendo reactivos”, expresó.

Observó que desde la Gobernación se esté premiando o haciendo reconocimientos a voluntarios con afanes políticos, pero no se priorice el tema de la salud.

“Es fácil utilizar los recursos del Gobierno Departamental para política”, señaló.

Vaca, dijo que en el informe de la gobernación se señala que el ente legislativo no tiene competencia para sancionar la ley de Emergencia Sanitaria Contra el Covid 19, dando tuición a los subgobernadores para la ejecutar la canasta alimentaria. Pero, recordó que los subgobernadores fueron electos antes de que entre en vigencia el Estatuto Autonómico, es decir que las declaraciones constitucionales que establecen que no pueden ser electos se aplicarán recién a futuro, por lo que señala que no se puede observar esa situación.

“No podemos hablar de que ellos no podían hace rla compra, que hemos violado el principio de separación de poderes”, argumentó.

Remarcó, que en este caso se aplica un diseño jurídico anterior a la aprobación del estatuto y que no se puede señalar que se estaría violando las declaraciones constitucionales.

Rechazó, las observaciones de que se estaría vulnerando la competencia nacional sobre la contratación en emergencia, señalando que no se toma en cuenta la Ley Marco de Autonomías que indica que es competencia exclusiva departamental la gestión de riesgos.

“Se menciona que se usurpa las facultades de la contraloría”, dijo Vaca, al explicar que la apreciación es incorrecta, porque constitucionalmente la Asamblea tiene la obligación de hacer una fiscalización paralela e independiente a la Contraloría.

Con respecto a la notificación legal que señala la gobernación que no se hizo, Vaca, indicó que la gestión pública no se ha parado y que la vía de publicación para la notificación que se hizo es correcta.

Lamentó que en una escenario de crisis sanitaria no haya un nivel de coordinación por parte del ejecutivo departamental.

Por su parte el asambleísta Mauricio Lea Plaza, se incurrieron en varios errores por parte de la gobernación.

Lamentó, que el tema se hay judicializado por parte de la gobernación, mostrando una conducta autoritaria.

“Quién le ha dicho al gobernador que tiene la facultad para establecer un bono, una transferencia público privado”, expresó.

Lea Plaza anunció acciones legales contra el gobernador por esa situación. Además, de disponer del patrimonio de los tarijeños, afectando a Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) y la Empresa Tarijeña del Gas (Emtagas) para “ganar unos cuantos votos”, cuando esas decisiones se debieron asumir desde el directorio de cada una de las empresas, eso referente a la condonación en la tarifa del servicio.