«No se vayan» la suplica de un niño de 5 años abandonado en la frontera de UUEE
El momento en que dos personas dejan solo en la frontera de El Paso, Texas, a un niño gritando desesperado, la mujer identificada en el video declaro que sus padres se encuentran e Estados Unidos.
¿Cómo es la migración de México a Estados Unidos?
La migración de México a Estados Unidos se ha generado principalmente por factores de expulsión como de atracción. Aunque se puede establecer que los mayores flujos de migración se han dado cuando el país receptor ha tenido condiciones propicias para la recepción de migrantes internacionales.
LA MIGRACIÓN MÉXICO- EE. UU.
En las Américas se presentan los flujos migratorios más grandes del mundo. Mientras que México se ha convertido en el mayor exportador de migrantes, Estados Unidos ha llegado a ser el mayor receptor de migrantes a nivel mundial (Koser y Laczko, 2010). La migración de México a Estados Unidos se ha generado principalmente por factores de expulsión como de atracción. Aunque se puede establecer que los mayores flujos de migración se han dado cuando el país receptor ha tenido condiciones propicias para la recepción de migrantes internacionales. En este sentido, coinciden Lowell, Pederzini y Passel (2008), quienes detectaron que la razón más evidente para el aumento de la migración (México-Estados Unidos) fue el auge de la economía de Estados Unidos, ya que tanto la migración mexicana como la economía estadounidense despegaron en la segunda mitad de los 90. De hecho, estos autores señalan que las tendencias en el flujo de nuevos migrantes mexicanos indocumentados se correlacionan bien con el crecimiento en la economía estadounidense y la tasa de empleo total en el país.
Además, la migración mexicana hacia Estados Unidos se disparó inmediatamente después de la crisis económica en México de 1994-1995, debido fundamentalmente a factores de expulsión. En décadas recientes, el éxodo de trabajadores mexicanos se ha acentuado por las escasas oportunidades laborales y cada vez más, los salarios pierden poder adquisitivo. Los mexicanos se emplean en trabajos de baja calificación: se ocupan no solo de labores agrícolas temporales sino que también como vendedores de mostrador en restaurantes de comida rápida, cajeros en supermercados o limpiadores en hoteles, oficinas y otras ocupaciones que desprecian los trabajadores nativos. Los migrantes mexicanos están enclaustrados en empleos de baja calificación, debido principalmente a su condición de indocumentados. Además, se concentran en este tipo de empleos, ya que en su país no podrían acceder a los mismos ingresos.
Por otra parte, se puede identificar al aumento de la migración que va de México hacia los Estados Unidos como uno de los efectos más desastrosos de las recurrentes crisis económicas y del pobre desempeño económico en el país expulsor. Los efectos perniciosos de la globalización neoliberal se pueden percibir en México en el caso de los salarios y remuneraciones de la clase trabajadora. Los trabajadores en México han testificado la caída de sus ingresos en el periodo 1980-2000. Para el último año del siglo XX, el salario mínimo representaba, en términos reales, tan solo una tercera parte respecto a 1980. Los salarios de jurisdicción federal en 2000 eran similares en términos reales a la mitad de los prevalecientes en 1980. En este sentido, la dificultad para obtener empleo decente ha conducido a muchos trabajadores desempleados a la migración y a la economía informal (Zepeda, 2009, p.65; 2013, p.29).
La adopción progresiva de políticas económicas neoliberales en México, que iniciaron en la década de 1980, contribuyeron al aumento de la migración. El proyecto neoliberal se ha enfocado en mantener en México un nivel bajo en los costos laborales para de esta manera explotar la mano de obra y aumentar los beneficios de las compañías transnacionales y plantas maquiladoras. A diferencia, por ejemplo, de procesos de integración como la Unión Europea, donde la estandarización de los costos laborales y beneficios sociales se ha dirigido hacia una convergencia, o al menos, ha reducido la brecha salarial entre los países de la zona. La diferencia salarial que podría estar en el centro del motor que impulsa el proceso migratorio.
Aun cuando México se convirtió, en 1994, en uno de los socios comerciales más importantes de los EE.UU., con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no se ha logrado concretar un acuerdo migratorio que regularice la situación de millones de trabajadores indocumentados de origen mexicano que se encuentran laborando en la Unión Americana. La migración mexicana hacia los EE.UU., que en la mayoría de los casos indocumentada, se ha incrementado significativamente a partir de la firma de dicho tratado. Livingstone (2009) destaca que a pesar de que el TLCAN permite el libre comercio de bienes y servicios, no permite el libre movimiento de trabajadores tal como existe en la Unión Europea, que originalmente se creó como un bloque comercial multinacional.
Los migrantes mexicanos, tratando de cruzar la frontera con los EE.UU., en busca de mayores estándares de vida, enfrentan la deportación y criminalización. Más de 1600 mexicanos murieron tratando de cruzar la frontera entre 1998 y 2004 (Livingstone, 2009, p.204). Se estima que las muertes de mexicanos en la frontera con los EE.UU. han aumentado notablemente. Por ejemplo, en 2011 se registraron 767 decesos de mexicanos al intentar cruzar la frontera, la mayor parte de los cuales eran jóvenes y mujeres con estudios de educación superior. El 85% de estos decesos fue por ahogamiento, deshidratación, insolación, persecuciones e incluso, algunos baleados por la Patrulla Fronteriza (López, 2012).
Como se verá posteriormente, la tendencia reciente de la migración mexicana hacia los EE.UU. (después de la crisis económica de 2008) muestra una disminución en términos globales y porcentuales (Baker y Rytina, 2013), este proceso se presenta de manera paralela a la aplicación de políticas de corte persecutorio y policiaco hacia los migrantes indocumentados en los EE.UU. La migración México-EE.UU. ha declinado debido a la crisis económica y escasez de empleos, tanto como a la criminalización, persecución y deportación de un significativo número de migrantes.
NIVELES DE LA MIGRACIÓN MÉXICO-EE.UU.
De acuerdo a estimaciones oficiales del gobierno de Estados Unidos, entre 1995 y 1999, la emigración mexicana a los EE. UU. alcanzó en promedio 500 000 personas por año, cifra mayor (en 150 000) a la estimada por fuentes del gobierno mexicano en estos años (Lowell, Pederzini y Passel, 2008); este mismo nivel se mantuvo en el periodo 2000-2005, de acuerdo a datos de Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010). Los datos sobre migración del gobierno estadounidense, armonizados con las cifras oficiales obtenidas por el Censo de Población de ese país, han calculado un número histórico más grande que el estimado por las instituciones del gobierno mexicano (Lowell, Pederzini y Passel, 2008). Es decir, en el periodo 1995-2005, alrededor de 1700 personas abandonaban su país cada día principalmente como resultado de la falta de oportunidades laborales y pobres condiciones salariales y de trabajo.
Entre 1970 y 2006, la población nacida en México y radicada en los EE.UU. se multiplicó 15 veces, aproximadamente. La migración mexicana creció con más intensidad y continuidad a partir de la década de 1990. Como se ha destacado previamente, esta migración aumentó fundamentalmente debido a que la legalización generosa de la IRCA creó redes sociales estables para el aumento de la migración, mientras que los regímenes de aplicación de esta ley fallaron para controlar el flujo migratorio (Lowell, Pederzini y Passel, 2008; Durand y Massey, 2003).
De acuerdo al Pew Hispanics Center, el número de inmigrantes indocumentados en EE.UU. subió entre 2000 y 2007; posteriormente, de 2007 a 2011 hubo un ligero declive en el número de inmigrantes indocumentados en EE.UU.: de 12 a 11,5 millones (Passel, Cohn, Gonzalez-Barrera, 2012).
GRÁFICO 1
NÚMERO DE INMIGRANTES INDOCUMENTADOS EN ESTADOS UNIDOS* 2000-2012 (NÚMEROS EN MILLONES)
Elaboración propia a paritr de datos de Passel y D’Vera, 2014.
Un reporte reciente del Pew Research Center (Passel y D’Vera, 2014) revela que para el año 2012, EE.UU. tenía un total de 11,2 millones de inmigrantes indocumentados, más que cualquier otro país en el mundo. Dicho reporte establece que de este conglomerado, aproximadamente 5,9 millones eran mexicanos, lo cual representa una reducción de medio millón, comparado con los 6,4 millones de inmigrantes indocumentados mexicanos que vivían en Estados Unidos en 2009. Asimismo, el 6,1% de los indocumentados provenían de El Salvador; 4,7% de Guatemala; 3,1% de Honduras; 1,5% de Republica Dominicana; 1,3 % de Colombia, entre otros. La mayoría de los inmigrantes indocumentados viviendo en los EE.UU., aproximadamente una cuarta parte, provenían de México y otros países de Latinoamérica y el Caribe. Al tiempo que la migración indocumentada proveniente de México ha declinado ligeramente en los últimos 6 años, la migración de Centroamérica ha aumentado.
El número total de inmigrantes indocumentados en EE.UU. ha declinado desde 2007, principalmente debido a la política de deportaciones promovida desde finales de la administración de George W. Bush (2001-2009), pero de manera más evidente durante la administración de Barack Obama (2009-2017), la cual ha deportado más inmigrantes que sus predecesores. Además, la administración de Obama ha dedicado más recursos que ningún otro gobierno al control de la frontera y para 2012, justo antes de las elecciones presidenciales, Obama utilizó su poder ejecutivo para suspender las deportaciones de aquellos que habían entrado al país siendo niños, en un decreto ejecutivo conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).
Este programa busca ayudar a las personas que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad, y que han residido en ese país desde enero de 2010. A pesar de ello, durante la primera administración de Obama, se dieron alrededor de 1,6 millones de deportaciones; es decir, alrededor de 400 000 en promedio cada año. Obama ha argumentado que la mayoría de los individuos deportados tenían antecedentes criminales (The White House, 2011). No obstante, basándose en archivos oficiales, el New York Times reportó que desde enero de 2009, cuando el presidente Barack Obama tomo posesión, dos tercios de los casi 2 millones de deportaciones involucraban personas que habían cometido infracciones menores, incluyendo infracciones de tráfico o que no tenían ningún registro delictivo. Además, el reporte demuestra que 20% —cerca de 394 000— de los casos implicaba a personas procesadas penalmente por crímenes graves incluyendo delitos relacionados con las drogas (Thompson y Cohen, 2014).
Foley (2012) observa que para los promotores de la reforma migratoria, Obama ha sido una decepción. Como candidato presidencial en 2008, Obama dijo que aprobaría una reforma migratoria en el primer año de su gobierno; además, se comprometió a prevenir que padres de familia indocumentados fueran separados de sus hijos mediante la deportación. Sin embargo, la administración de Obama se ha concentrado en la deportación de migrantes indocumentados como estrategia de seguridad.
Se esperaba que Obama terminara con la disputa bipartidista en el Congreso sobre el tema migratorio. Pero, en lugar de reformar el sistema migratorio, Obama ha deportado más individuos que las administraciones anteriores. Esta medida ha sido muy criticada, ya que ha criminalizado a los migrantes indocumentados y ha separado innumerables familias.
En 2011, la administración de Obama definió la visión de política migratoria del siglo xxi, destacando cuatro pilares clave. Primero, enfatizó la responsabilidad del gobierno federal de ee.uu. para asegurar la frontera. Segundo, destacó la necesidad de responsabilidad y rendición de cuentas de las empresas que transgreden la ley y explotan a los trabajadores indocumentados, lo cual a su vez, debilita a los trabajadores estadounidenses. Tercero, subrayó la importancia de los inmigrantes para la economía de los ee.uu. y destacó que el plan busca mejorar la competitividad de la economía estadounidense mediante el desarrollo de un sistema legal de inmigración que refleje los valores y las necesidades diversas de los ee.uu. Finalmente, destacó que las personas que viven en este país ilegalmente —sin la documentación adecuada— también deben ser llamados a rendir cuentas, registrarse y someterse a pruebas de antecedentes criminales, pagar impuestos y multas, así como aprender inglés, antes de ser elegibles para la ciudadanía (The White House, 2011).
No obstante, las iniciativas alentadas por la administración de Obama para reformar el sistema migratorio han sido obstaculizadas por el Congreso de los ee.uu. Por ello, no se puede culpar a Obama de la ausencia de una reforma al sistema migratorio, ya que miembros del Partido Republicano han bloqueado muchas de las iniciativas del presidente debido a disputas partidarias. El Partido Demócrata y el Republicano se han concentrado en la disputa partidista e ideológica; por ejemplo, en mayo de 2014, los republicanos decidieron bloquear la reforma migratoria en la Cámara de Representantes, a pesar de que el Senado había aprobado una iniciativa de reforma comprensiva que buscaba resolver los problemas del sistema migratorio (Associated Press, 2014).
Ante este escenario, en noviembre de 2014, Obama decidió ejercer el poder de la presidencia para reformar el sistema de migración de los ee.uu. A través de una orden ejecutiva, Obama pretende beneficiar a los inmigrantes indocumentados, mientras se toman medidas enérgicas para reforzar la frontera. Su acción ejecutiva se basa en los siguientes principios: 1) expandir el número de personas elegibles para el programa daca, 2) permitir que los padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes soliciten acción diferida y autorización de empleo por un periodo de tres años, 3) ampliar el uso de las exenciones provisionales para incluir a los cónyuges e hijos e hijas de los residentes permanentes y a los hijos e hijas de ciudadanos estadounidenses, 4) modernizar, mejorar y clarificar los programas de visas de inmigrantes y no inmigrantes para lograr el crecimiento de la economía y crear empleos, 5) promover la educación sobre ciudadanía para residentes permanentes y proporcionar una opción para que los solicitantes de naturalización paguen con tarjetas de crédito las tarifas de presentación de solicitudes (Department of Homeland Security, 2014).
Foley (2014) destaca que la pieza central de la acción ejecutiva —y la parte más crítica— es la asistencia a los migrantes indocumentados, lo cual podría llevar a que millones de personas se protegieran de las deportaciones y pudieran ser elegibles para trabajar. Con esta política, cerca de 4,1 millones de indocumentados serían elegibles, permitiéndoles (padres de niños ciudadanos de ee.uu.) permanecer en el país y trabajar legalmente, si estos han estado en el país por cinco años o más; así como si aprueban una revisión de sus antecedentes.
Sin embargo, en febrero de 2015, un juez de la Corte Federal suspendió la acción ejecutiva migratoria del presidente Obama, a petición de 26 estados gobernados por los republicanos, con lo cual se bloquean los programas derivados de tal acción, mientras es considerada por la Corte; es decir, con esta decisión se suspendería ese procedimiento, mientras se analiza y resuelve la demanda en contra de la orden ejecutiva de Obama (Notimex, 2015). Por tanto, en el corto y mediano plazo, la criminalización del migrante persistirá en ee.uu. sin darle cauce a nuevas medidas para detener las deportaciones de migrantes indocumentados y componer la situación de millones de trabajadores que carecen de documentos y que se mantienen en la clandestinidad.
MIGRACIÓN Y SEGURIDAD
Ciertamente, la migración impone un riesgo a los países de destino porque crea rutas de acceso que los terroristas pueden usar para entrar al país (Faist, 2006). Por tal motivo, otorgar a los inmigrantes indocumentados una amnistía o visas de empleo temporal es crucial, ya que podría ayudar a detectar probables terroristas y criminales. Como se ha observado en décadas recientes, estrategias tradicionales, como el reforzamiento de las fronteras, no han prevenido ni desalentado la migración indocumentada. Las personas que se encargan de cruzar a los migrantes por las fronteras, especializándose en el contrabando de inmigrantes indocumentados —los coyotes—, comúnmente cambian de rutas para evadir a las autoridades.
Después de los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001, la migración se convirtió en un asunto de seguridad nacional, principalmente porque potenciales terroristas podrían entrar al país como inmigrantes. Eventualmente, los terroristas fueron vinculados a los migrantes y los sentimientos antiinmigrantes emergieron en los países de destino. De acuerdo con Koser (2007):
Después del 9/11 ha habido una percepción de una conexión cercana entre la migración internacional y el terrorismo. Esto se ha agravado por los más recientes ataques en Madrid y Londres. La migración irregular, la cual parece estar creciendo en escala en muchas partes del mundo, algunas veces es considerada por políticos y el público por igual como una amenaza a la soberanía nacional y a la seguridad pública. En un gran número de países de destino, las sociedades receptoras se han hecho cada vez más temerosas de la presencia de comunidades de migrantes, especialmente de aquellas con culturas poco familiares que vienen de partes del mundo asociadas con el extremismo y la violencia (p. 9).
De esta manera, la política exterior de ee.uu. cambió drásticamente, al tiempo que el gobierno de George W. Bush lanzaba una guerra global contra el terrorismo (Global War on Terror), después de los eventos terroristas del 11 de setiembre de 2001. La administración de Bush buscó sellar la frontera porosa de ee.uu. con el objetivo de prevenir futuros ataques terroristas. Rosenblum (2011) argumenta que las pláticas bilaterales de migración entre México y ee.uu. fueron descarriladas por los eventos del 9/11. Los ataques terroristas fueron perpetrados por individuos que llegaron a ee.uu. con visas de estudiantes y de visitantes, y en lo sucesivo, los procesos de inmigración y controles de la frontera inmediatamente se convirtieron en un tema central de prevención.
Los debates públicos y las nuevas políticas públicas que siguieron inmediatamente mezclaron las medidas antiterrorismo con las de control de la inmigración. Diversas medidas antiterrorismo fueron decretadas en los años subsiguientes, afectando a la inmigración de manera importante (Rosenblum, 2011, p. 4). En este sentido, Massey, Pren y Durand (2009) observan que en el contexto de la guerra antiterrorista se definieron nuevas políticas represivas dirigidas en contra de los inmigrantes. Estos autores subrayan que:
Los ataques tenían la intención de generar miedo e histeria en Estados Unidos y se vieron recompensados con la promulgación de la Ley Patriota, que pasó por el congreso prácticamente sin debate. Esta ley estaba dirigida contra los terroristas, pero en la práctica se declaró una guerra contra los extranjeros inmigrantes, que se materializó con el incremento del control fronterizo y la persecución de trabajadores ilegales al interior del país, que no tenían derecho a juicio ni apelación si existían razones para creer que podrían cometer o apoyar actos de terrorismo. [Además] la guerra contra el terrorismo rápidamente se convirtió en una guerra antiinmigrante, a pesar de que ninguno de los terroristas del 11 de septiembre había ingresado por la frontera mexicana, que en México no existían células de terroristas y que prácticamente no existe población musulmana (p. 108).
LA RECONCEPTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Después de la Guerra Fría y como consecuencia de la creciente globalización, las amenazas de seguridad se han extendido más allá de los temas tradicionales militares y a su vez, el concepto de seguridad se ha ampliado (Buzan, 1998; Kassab, 2015). Esto responde a los diversos problemas globales, transfronterizos en su mayoría, como: crimen organizado, terrorismo, degradación ambiental, disputa de los recursos naturales, flujos masivos de refugiados, tráfico no regulado de inmigrantes, pobreza, crisis económica y hambre; los cuales se han convertido en riesgos para la humanidad y para el Estado adquieren una importancia similar al sector de la defensa militar (Laborie, 2011).
En este sentido, las políticas públicas de seguridad adoptadas por los ee.uu. han puesto en el mismo nivel el manejo de la migración internacional junto con el combate al terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas (Curzio, 2007). La frontera entre México y ee.uu., por ejemplo, es una de las más dinámicas en el mundo. Tiene una extensión de más de 3000 kilómetros; es la más cruzada del mundo, alrededor de 400 millones de cruces por año, de los cuales 253 millones son hechos por peatones. A través de la frontera se da el 98% del comercio bilateral (Delgado-Wise y Márquez, 2007).
Thomas Faist (2006) se refiere a la conexión entre la migración internacional y la seguridad humana y estatal como el “nexo migración-seguridad” (p. 104). Faist observa que el vínculo entre la migración y el tráfico de drogas y el crimen, es ampliamente sobreestimado:
Potencialmente, grandes flujos de migración pueden fortalecer las oportunidades y proveer medios de bajo costo tales como servicios de envío (mensajería) para distribuir drogas. También, comunidades de inmigrantes tales como sectas religiosas apartadas podrían facilitar a los probables terroristas encontrar anonimato. Y en circunstancias excepcionales de grandes flujos de inmigrantes algunos trabajadores nativos pueden ser afectados adversamente por los inmigrantes en términos de empleos y salarios. Pero hay un largo trecho, desde esta situación, argumentar que incluso una solución parcial a ciertos problemas de drogas, crimen, desempleo, y seguridad física del país sería significativamente disminuido mediante el ataque a los flujos migratorios. Además, aun controles fronterizos más estrictos no constituyen medios adecuados para combatir el terrorismo. Es poco probable que las políticas de inmigración y de control de visas contribuyan a la captura de un determinado terrorista (Faist, 2006, p- 105-106. Traducción de los autores).
Las preocupaciones de seguridad han impactado las políticas de migración. Por ejemplo, en los ee.uu. el número de visas H1-B otorgadas a inmigrantes especialistas y expertos ha disminuido más del 50% desde los ataques terroristas del 11 de setiembre. De la misma manera, los solicitantes de reunificación familiar enfrentan cada vez más procesos administrativos rigurosos. También, cada vez hay más restricciones a la movilidad de otras personas, tales como, los buscadores de asilo y los trabajadores de baja calificación (Koser, 2007).
La administración de Obama ha dedicado enormes recursos para aumentar la seguridad en la frontera. Con tal propósito, se ha aumentado el número de agentes de la patrulla fronteriza. Debido a la violencia relacionada con el tráfico de drogas en México, algunos gobernadores —como el de Texas, Rick Perry— han demandado el incremento del número de agentes fronterizos y han solicitado al gobierno de los ee.uu. extender la presencia de la Guardia Nacional en la frontera. Como resultado, el número de agentes vigilando la frontera pasó de 10 000 en 2004 a 20 700 en 2010 (The White House, 2011).
La administración de Obama ha recurrido al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) para proporcionar vigilancia aérea a lo largo de la frontera. Como resultado de tales medidas —aunado a la crisis económica—, menos personas han tratado de cruzarla. El número de inmigrantes indocumentados detenidos en este acto disminuyó de 724 000 en 2008 a 463 000 en 2010; es decir, una reducción del 36% (The White House, 2011).
Con respecto a la seguridad de esta frontera, Olson y Shirk (2011) señalan que se debe disminuir la ilegalidad de los migrantes, proporcionandoles opciones legales para entrar al país. Asimismo, estos autores argumentan que ampliar los accesos a los migrantes con cuotas más flexibles para las visas de trabajo (especialmente para México y Centroamérica), les permitirá a los agentes de la patrulla fronteriza de los ee.uu. dirigir completamente su atención a los grupos del crimen organizado y a potenciales terroristas, sin tener la distracción de atrapar a potenciales jardineros o lavadores de platos.
De este modo, la acción ejecutiva sobre migración realizada en la administración de Obama en 2014, es crucial, ya que trata de distinguir entre migrantes indocumentados y criminales; se enfoca en la deportación de integrantes de pandillas, sospechosos de terrorismo y criminales, en lugar de perseguir y deportar a migrantes indocumentados que han trabajado en ee.uu. por varios años, que no cuentan con antecedentes delictivos y que son padres de hijos nacidos en este país.
NARCOTRAFICO, MIGRACIÓN Y VIOLENCIA
En diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó una guerra contra el narcotráfico para reducir los niveles de inseguridad y el consumo de drogas. En este contexto, los ee.uu. y México firmaron la Iniciativa Mérida en 2007, con el objetivo de combatir el tráfico de drogas y las organizaciones criminales. Sin embargo, los resultados de esta iniciativa han sido limitados y deficientes, ya que el tráfico de drogas y la violencia continúa en el país; los cárteles se han expandido en poder e influencia y el número de narco-ejecuciones se ha disparado, los delitos y asesinatos en contra de migrantes se convirtieron en sucesos cotidianos. Aún más, las organizaciones criminales han diversificado sus actividades y ahora controlan el tráfico de migrantes en su ruta a los ee.uu. Esta situación implica riesgos para la seguridad nacional, ya que su frontera está siendo penetrada por estas organizaciones criminales.
Además, la inseguridad y la violencia en México ha llevado al éxodo de individuos buscando refugio en otros países. El número de mexicanos que ha solicitado asilo político en los ee.uu. para escapar de la violencia relacionada con la guerra contra las drogas se ha incrementado. De acuerdo con Kan (2011), más de 2500 mexicanos solicitaron asilo en este país solo en el año de 2008, citando la necesidad de abandonar México como resultado de la proliferación de la violencia. El número de personas buscando asilo aumentó casi 50 veces desde 2006, cuando el presidente Calderón asumió la presidencia de México.
Algunos autores destacan el hecho de que Estados débiles, como México, favorecen el fortalecimiento del crimen organizado. Esta situación arrebata al Estado la capacidad de controlar los bienes y servicios que circulan por una parte de su territorio, lo que a su vez, añade más dificultades para que se aplique la ley, constituyendo una nueva fuente de problemas y riesgos; por ejemplo, el tráfico de drogas, armas y personas (De la Corte y Giménez-Salinas, 2011).
Los cárteles han visto en los migrantes una oportunidad para diversificar su negocio explotando a uno de los grupos de personas más vulnerables en el mundo. Los ataques incluyen robos y en algunas ocasiones secuestrados, con el fin de solicitar a familiares un pago para su liberación. El secuestro y la extorsión en el norte de México han aumentado al tiempo que el narcotráfico se ha expandido y diversificado. Numerosos incidentes de este tipo sugieren que las bandas criminales tienen el apoyo o la complicidad por omisión de los cuerpos policiacos. Si los familiares no cumplen con el pago acordado, los cautivos son torturados, golpeados, violados y en ocasiones, asesinados. En agosto de 2010, en el rancho de San Fernando, Tamaulipas, 72 migrantes (de Sudamérica, Centroamérica y México) fueron encontrados ejecutados (Watt y Zepeda, 2012). Los Zetas1 asesinaron a 58 hombres y 14 mujeres, la mayoría de ellos gente joven de Ecuador, Brasil, Honduras y El Salvador. Los centroamericanos, debido a la cercanía geográfica, tuvieron acceso a directo a México a través de una de las 222 entradas no oficiales en la frontera sur de México.
Se ha descubierto que los migrantes representan un negocio rentable para los cárteles y otras organizaciones criminales. La mayoría de los migrantes secuestrados son hombres en edad laboral que son utilizados como mano de obra para sus actividades delictivas, por ejemplo, para cultivar, empacar y transportar drogas ilícitas. Es decir, hay un reclutamiento forzado de migrantes por las organizaciones criminales para tener más recursos económicos usando mano de obra barata (Mastrogiovanni, 2014).
Mediante la ejecución de migrantes, Los Zetas enviaron un mensaje a “los coyotes”: ellos tenían que pagar o no podrían pasar. Las reglas han cambiado y los coyotes ya no son la principal preocupación de seguridad para los migrantes (Martínez, 2014). La masacre de 72 migrantes puso de manifiesto la compleja relación entre la migración indocumentada y la violencia, la cual se había manifestado en años previos.
Entre setiembre de 2008 y febrero de 2009, más de 9700 migrantes indocumentados fueron secuestrados en México. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que esta cifra es más del doble del estimado. Por su parte, Amnistía Internacional destaca que en el año 2010 alrededor de 20 000 inmigrantes sin documentos fueron secuestrados mientras cruzaban por México (Álvarez, 2011). Mientras que el Instituto Nacional de Migración del gobierno federal reveló que entre 2010 y 2014, más de 3000 migrantes desaparecieron en México, de acuerdo a reportes hechos por parientes de las personas desaparecidas ante las autoridades gubernamentales (García, 2013).
CONCLUSIONES
Como se ha visto, la migración internacional se ha expandido en décadas recientes. México continúa siendo el mayor expulsor de emigrantes, mientras que Estados Unidos permanece como el mayor receptor de inmigrantes a nivel global y al mismo tiempo, alberga casi la totalidad de la migración mexicana. De acuerdo a lo analizado, se puede confirmar que la migración es un problema transnacional, cuyas soluciones implican acuerdos bilaterales. La criminalización de los migrantes no es la medida apropiada y se necesitan otros enfoques para solucionar el problema de la migración indocumentada.
La migración México-Estados Unidos está condicionada por múltiples factores, dentro de los cuales, la diferencia salarial hace que la movilidad laboral por cuestiones económicas sea determinante; también las redes sociales y familiares, que se han forjado desde el siglo pasado, hacen que el proceso migratorio entre estos países se reproduzca continuamente. La ausencia de un modelo de desarrollo económico en México, al ser incapaz de generar empleos bien remunerados, automáticamente se convierte en expulsor de migrantes.
Debido a los factores antes señalados, es altamente factible que la migración mexicana a los ee. uu. persista y se reproduzca en los años subsecuentes, aun a pesar de que en números globales y porcentuales ha declinado ligeramente en los últimos seis años.
Al mismo tiempo, la migración indocumentada crea una frontera porosa que puede ser usada no solo por migrantes laborales, sino también por criminales y terroristas. La regularización de los flujos de migración podría ayudar a detectar potenciales terroristas y criminales mediante la reducción de la migración indocumentada. La legalización de la migración, a través de esquemas como la amnistía y el empleo temporal a trabajadores foráneos, podría reducir el tráfico de migrantes y los efectos colaterales asociados con ello.
Finalmente, Washington necesita hacer a un lado las divisiones políticas y aprobar una reforma migratoria comprensiva con el objetivo de resolver el problema migratorio, sin criminalizar al migrante y ampliando las visas de trabajo. Claramente, ee.uu. tiene corresponsabilidad y debe actuar de manera coordinada con los gobiernos de la región para coadyuvar en la solución de los problemas antes descritos que se convierten en los principales factores del proceso migratorio.
