Caso respiradores se complica y surgen pedidos para que intervengan Contraloría y Fiscalía
Legisladores y la Defensoría del Pueblo pidieron activar investigaciones respecto al precio que se pagó por los ventiladores de emergencia. Diputados apuntan a la Aisem, que es la agencia encargada de la adquisición.
La adquisición de los respiradores de emergencia de parte del Gobierno está en el “ojo de la tormenta”. Después de nuevas revelaciones sobre el precio que ofrece la fábrica, con respecto al que pagó el Estado, abundaron los pedidos de fiscalización de la compra y, además, solicitudes de que entidades como la Contraloría y la Fiscalía intervengan e investiguen de oficio lo sucedido.
La compra de los 170 ventiladores ya había generado polémica, porque no son aptos para terapia intensiva, sino para emergencia. Sin embargo, ahora la controversia se profundizó porque se supo que los equipos básicos son vendidos en fábrica en España hasta en 6.500 euros, cuando en Bolivia se compraron a 27 mil dólares.
El jefe de brigada cruceña, el diputado Erick Morón, solicitó que de manera urgente e inmediata se haya una auditoría especial a cargo de la Contraloría a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) del Ministerio de Salud, que es la entidad encargada de las contrataciones de equipos para enfrentar la pandemia.
“Señor Contralor usted es cómplice por omisión si no audita este caso, cumpliendo su obligación constitucional. Ya existe un contrato, ya están los respiradores en nuestro país, por lo tanto, se necesita una auditoría de manera inmediata y la aplicación inmediata de la ley 1178”, manifestó el diputado.
Por su parte, la diputada del MAS, Concepción Ortiz, dijo que es una competencia de la Contraloría asumir responsabilidad en fiscalizar este caso de supuesto sobreprecio, pero también planteó que el Ministerio Público investigue de oficio lo que ocurre en el Ministerio de Salud.
El diputado Luis Felipe Dorado también pidió la intervención de la Contraloría y Fiscalía en la Aisem, porque consideró como un “delito gravísimo” que en plena pandemia se incurra en sobreprecio.
“No podemos aceptar en el país de que ‘vivarachos’ quieran enriquecerse con un simple contrato que está ahora afectando la salud de todos los bolivianos”, sostuvo el legislador cruceño.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, también solicitó a los ministerios de Justicia y Transparencia Institucional y de Salud, a la Contraloría General del Estado y a la Asamblea Legislativa Plurinacional informar, supervisar e investigar la compra de los ventiladores.
Cruz observó que hubo falta de transparencia en la información proporcionada por las autoridades nacionales, respecto a las características de los equipos adquiridos, así como de los alcances económicos de la compra, lo que ha generado fundadas dudas y cuestionamientos.
“Por esta razón, a la cabeza de las instituciones competentes se debe esclarecer todo el proceso de contratación, envío y equipamiento de estos instrumentos médicos, en el marco de la transparencia y acceso a la información”, instó.
El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que el Gobierno está abierto a la invetigación y que no encubrirá a nadie.
Anteriormente, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, negó que haya sobreprecio. Además, el director de Aisem, Geovanni Pacheco, precisó que el precio de cada respirador es de 27.683 dólares y mencionó que en Brasil se compró equipos similares por 29 mil dólares y en Chile a 33 mil dólares.
