Las víctimas de Senkata y Sacaba, quienes ayer llegaron en marcha a La Paz, exigen al Gobierno un trabajo con un sueldo mínimo de 5.000 bolivianos, 10.000 bolivianos por los gastos de sepelio y 50.000 para todos los heridos. Además, piden juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Añez.

En el pliego “consensuado entre las víctimas de Sacaba y Senkata” de 22 puntos piden un salario mínimo de 5.000 bolivianos (más de dos salarios mínimos actuales), para “todas las víctimas de las masacres”. Agregan que el monto del sueldo “deberá aumentar progresivamente de acuerdo al aumento salarial dispuesto por ley”.

En su lista de demandas también solicitan 10.000 bolivianos “por los gastos de sepelio, realizados en noviembre de 2019”, además de 50.000 bolivianos para todos los heridos “sin importar el grado de invalidez”.

Exigen cumplir el Decreto Supremo 4176, del 10 de marzo del 2020, referido a la “otorgación de ayuda social humanitaria”, a los familiares de los fallecidos y a los heridos durante “los conflictos suscitados” entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019.

En la gestión de Jeanine Añez, se cumplió con esa normativa y se benefició a herederos de 16 víctimas con 100 mil bolivianos por cada fallecido en El Alto y La Paz, a una heredera en Cochabamba, y a dos familias herederas en Santa Cruz. Y quedó más de un millón de bolivianos para el pago en favor de “beneficiarios pendientes”, según datos de un informe, Las víctimas también solicitan al Gobierno becas, seguro único y especial, subsidio alimenticio, la dotación de viviendas y créditos con 0% de interés, entre otras demandas.

La caravana, que partió el 19 de octubre desde Caracollo, está integrada por los familiares y víctimas de Senkata, Sacaba y Huayllani. La columna, compuesta por alrededor de 200 personas, pidió en su trayecto justicia y la aplicación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que recomendó una reparación integral de daños a favor de las víctimas.

Después de que la manifestación llegara al centro de la urbe paceña, se dirigió a la calle Potosí, donde sus integrantes se detuvieron frente al edificio del Ministerio Público. En ese lugar, protestaron y exigieron justicia por las víctimas de 2019. Posteriormente, se dirigieron a la Casa Grande del Pueblo, que estaba resguardada por una gran cantidad de policías, quienes no les dejaron ingresar ni acercarse a ese recinto, El objetivo principal de los movilizados es reunirse con el jefe de Estado, pero ayer no pudieron cumplir ese cometido.

Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana, llegó hasta la concentración para informar que el Gobierno se reunirá hoy con 12 delegados. “Los estamos convocando mañana (hoy) a las 8:00, a una reunión en el salón Rodolfo Illanes del Ministerio de Justicia”, informó Ríos.

En tanto, el viceministro de Justicia, César Siles, agregó que cada ministerio ya conoce el pliego de peticiones y que los equipos técnicos están analizando las demandas. El funcionario dijo también que las víctimas por los hechos de 2019 son más de cinco mil, y que para llegar a todas el Ejecutivo elabora un proyecto de ley, “Estamos hablando aproximadamente, en un todavía chequeo general, de 5.500 víctimas”, afirmó Siles. Agregó que “el grupo que está representando David Inca, con 50 a 100 personas, es un grupo importante y vamos a atender su pliego interinstitucionalmente”.

Después de recibir la respuesta del Gobierno, la caravana decidió hacer vigilia en la calle, por –indicaron– “la falta de atención al pedido de reunión” con Arce.

Al promediar las 21:00, el vocero Jorge Richter llegó hasta la vigilia para ofrecerles un lugar donde pasar la noche y se informó que hoy se iniciará la mesa de diálogo con la ministra María Nela Prada, “Les ofrecimos que hoy puedan irse a un lugar donde puedan recuperar fuerzas de manera digna; no hace falta estar en la calle”, declaró a la prensa. Después de las 22:00, mujeres y adultos mayores fueron trasladados al hotel de la COB, según un reporte de Bolivia TV.

Fuente: Página Siete