TCP rechaza dos consultas que mandó Áñez, una sobre la Ley de Donación de Plasma y otra sobre la Ley de Alquileres
Una por falta de legitimidad y la otra por incumplimiento de procedimiento
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó las consultas sobre la constitucionalidad de las leyes de reducción excepcional de alquileres y de donación de plasma por Covid-19 presentadas por la presidenta Jeanine Áñez, se informó en Sucre.
El Gobierno de Áñez pedía que se declare la inconstitucionalidad de ambas leyes, finalmente promulgadas el jueves por la presidenta del Senado, Eva Copa, después que la jefa de Estado no lo hiciera en el plazo que determina la Constitución.
Los dos autos constitucionales de la Comisión de Admisión fueron notificados este viernes, haciendo conocer el rechazo a la consulta sobre la constitucionalidad de las mencionadas normativas por falta de legitimidad de la accionante, presidenta Jeanine Áñez.
La comisión de admisión del TCP, rechazó la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto denominado “Ley que establece medidas temporales de fomento a la donación voluntaria e informada de plasma hiperinmune de pacientes con coronavirus”, por incumplimiento a la exigencia de legitimación activa para plantear la misma.
El auto constitucional cuya fecha es del 5 de agosto de 2020, que se conoció este viernes, fue firmado por el magistrado Gonzalo Hurtado.
El proyecto de ley fue aprobado y sancionado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, empero la presidenta Jeanine Áñez, impugnó dicha normativa y ante el rechazo del Legislativo, lo remitió en consulta al TCP que se pronunció recientemente.
El TCP también rechazó la consulta de la presidenta Áñez sobre la ley sancionada de reducción excepcional de alquileres, por incumplimiento del procedimiento que exige la legitimación activa.
El auto constitucional de alquileres de 23 de julio, fue firmado por el magistrado Petronilo Flores y fue notificado este 28 de agosto.
El jueves, la presidenta del Senado, Eva Copa, promulgó ambas normativas, debido a que la presidenta Áñez no lo hizo en el plazo establecido por la Constitución Política del Estado. Un día después, el TCP notificó con los autos cuyas fechas son del 23 de julio y del 5 de agosto.
