Gobierno no convocará a partidos para debatir norma sobre campaña

El Ejecutivo analiza todavía si esta norma debería ser un decreto o un proyecto de ley. Si es la primera opción estaría aprobada la próxima semana. En caso de la segunda, teme que el MAS dilate el debate

La campaña electoral cumplió su quinto día y el decreto supremo que separa actos proselitistas con gestión pública que fue prometido por la presidenta Jeanine Áñez todavía está en plena elaboración y sin fecha. Los rivales de la mandataria-candidata no serán llamados para apoyar en la elaboración de la norma, lo que genera malestar en sus contrincantes. La demora se da por el debate en el equipo gubernamental sobre si esta iniciativa debería ser un proyecto de ley o un decreto. Por ahora, la balanza está a favor de la alianza Juntos, aunque no existe ninguna denuncia de uso de bienes y recursos públicos en campaña.

Áñez estaba molesta cuando anunció la elaboración del decreto que tiene como objeto no mezclar la campaña electoral con la gestión.

Ese anuncio lo hizo el 28 de enero. Pasaron diez días y en Palacio Quemado un equipo gubernamental todavía trabaja en la normativa sin el apoyo de los rivales de la mandataria. Además, van cinco días del inicio oficial de las campañas con miras a las elecciones del próximo 3 de mayo.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, informó a EL DEBER que el debate está en elaborar un decreto o un proyecto de ley para regular la campaña. Por ahora se trabaja en la primera opción y si todo va bien sería aprobado la próxima semana. En caso de ejecutar la segunda propuesta, existe el temor de que el Movimiento Al Socialismo (MAS), con sus dos tercios, dilate la aprobación de la norma en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Estamos trabajando en ese tema. Estamos analizando si será un proyecto de ley o un decreto supremo. Sería interesante un proyecto de ley que abarque todos los Órganos del Estado para que esta prohibición del mal uso de los bienes y recursos del Estado sea para todos. Pero tememos que el MAS rechace el proyecto de ley o lo hagan dormir. Estamos viendo, por ahora, sacar un decreto que solo regule al interior del Órgano Ejecutivo. En eso estamos, ya se trabajó un articulado y está en consulta con abogados en materia electoral”, detalló Alanoca.

Debate de la norma

La autoridad acotó que, en caso de ser un decreto, sería aprobado la “próxima semana” antes de pasar por distintas oficinas de revisión, como la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape). Además, Alanoca descartó convocar a los partidos políticos para que apoyen al diseño de la normativa.

“No se espera convocar a los partidos políticos, ya que esto es algo más institucional, es una normativa que es para el Órgano Ejecutivo y que, obviamente, abarca para las organizaciones políticas, pero consultarles a ellos, no. En realidad, la consulta debería ir al Órgano Electoral Plurinacional”, estableció Alanoca.

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, había anunciado el 27 de enero que se convocará a los partidos políticos para debatir el asunto de la campaña electoral y la gestión pública. La autoridad recalcó que el aporte podría ser parte del decreto que está en elaboración.

“Queremos separar la gestión pública de la campaña electoral y hay ministros que no están de acuerdo (…) quienes presenten su renuncia y la presidenta no los ratifique ahí el pueblo boliviano va a saber quiénes no están entendiendo esto”, decía Núñez.

Un día después, la presidenta Áñez anunció la elaboración del decreto luego de posesionar a su nuevo gabinete ministerial. Se la notó molesta por las críticas que recibió tras su anuncio de ser candidata por la alianza Juntos.

“He dejado claramente establecido que ningún funcionario del Estado podrá usar los bienes de los bolivianos en favor de mi candidatura. La contravención a esta disposición será drásticamente sancionada. Y para ello estoy en la revisión de un decreto supremo que establezca un listado de las acciones que expresamente estarán prohibidas en el proceso electoral”, afirmó Áñez.

Pasaron diez días y la normativa sigue en su etapa de elaboración. Según Alanoca, la norma ya tiene su articulado, pero requiere de un análisis técnico. Por ahora, la balanza se inclina a que la regulación será por decreto y no por proyecto de ley.

“Hoy (ayer) nos enteramos que el candidato (a la Presidencia) del MAS, Luis Arce, utilizó instalaciones políticas para una reunión política, una reunión con la bancada del MAS. Eso no puede seguir pasando y por eso debatimos si debe ser un proyecto de ley para que alcance a otras instancias (del Estado)”, recalcó Alanoca.

Los rivales de Áñez, primero, descartaron la invitación para elaborar la normativa. Luego, al enterarse que no serán convocados, expresaron su malestar y denunciaron que la balanza está a favor de la alianza Juntos.

En la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Ilya Fortún, asesor de campaña, negó que hayan recibido invitación para ser parte del diseño de la norma. Además, dijo que no emitirán más comentarios sobre el tema después de que el candidato presidencial Carlos Mesa refirió que existe una desigualdad en la campaña.

“No tenemos una candidatura, no tenemos candidaturas, que estén en igualdad de condiciones, porque inevitablemente, la señora presidenta hace uso de la palabra como presidenta, pero también es candidata y este foro es una demostración de que no hay reglas iguales para todos”, dijo Mesa.

Más molestias

En la alianza Creemos, que postula a los excívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, la idea de que el Gobierno realiza “a solas” la normativa no cayó bien. Mauricio Muñoz, uno de los voceros, reprochó que no se hayan invitado a las organizaciones políticas para elaborar el decreto.

“Está bien que la normativa sea institucional, pero había la intención de llamar a los partidos y alianzas para establecer puntos sobre el tema de la campaña electoral y la gestión pública. Ahora vemos que el Gobierno quiere manejar a su antojo esta situación, algo que es cuestionable desde donde se lo vea”, dijo Muñoz, quien también es candidato a diputado de Creemos.

El ministro Núñez informó que el Gobierno proyecta una cumbre de candidatos que participarán en los comicios del 3 de mayo para definir el uso de los medios estatales en campaña en igualdad de condiciones.

“Nosotros estamos pensando hacer una cumbre para convocar a los otros candidatos para ordenar qué es lo que se va a hacer con los medios estatales, por ejemplo, para que no se utilice preferencia sobre un candidato y entremos en las mismas condiciones”, recalcó Núñez.

Por su parte, el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene interés de ser parte del debate sobre este decreto. El candidato presidencial, Luis Arce, solo pidió que haya igualdad de condiciones en campaña y resaltó que, por ahora, lo que preocupa es que no existe garantías para los candidatos del partido de Evo Morales.

“Ahora mismo sufrimos persecución y hostigamiento, exigimos que se cumplan la Constitución y las leyes aún vigentes porque tenemos derecho a expresarnos”, reclamó Arce luego de conocer que otro militante del MAS fue aprehendido, en este caso el asambleísta Gustavo Torrico.

En la alianza Libre 21, que postula a la Presidencia a Jorge Quiroga, también hay reproches por la dualidad de trabajo de Áñez. La candidata a la Vicepresidencia de esta organización, Tomasa Yarhui, insistió en que la mandataria renuncie a su candidatura.

“Es lo mejor que puede hacer para evitar todo esto, para evitar lo que hacía Evo Morales, que usaba todos los bienes del Estado para hacer campaña, usaba recursos del Estado para hacer campaña electoral”, reprochó Yarhui.