Con 5 normas, el MAS busca gobernar desde el Legislativo

Desde el partido azul sostuvieron, al respecto, que los asambleístas nacionales fueron elegidos por voto y que su función es legislar y fiscalizar al Ejecutivo.

Con al menos cinco normas, el Movimiento Al Socialismo (MAS) trata de gobernar desde el Legislativo. Expertos en temas políticos ven que el partido azul rearticuló su fuerza en esa instancia, pero también que su forma de actuar deja entrever sus  últimos estertores, puesto que en la próxima Asamblea no tendrá la mayoría holgada que hoy ostenta.   

El más reciente proyecto que va en esa línea  es el denominado “ley de inmunidad retroactiva”, que fue presentado el 17 de agosto por  Betty Yañíquez, jefa de bancada del MAS en Diputados.        “Se ha presentado un proyecto de ley al amparo del artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE) de protección y no criminalización de la protesta social”, declaró entonces la legisladora. 

El bloqueo liderado por la COB y el Pacto de Unidad por la fecha de los comicios duró 12 días, pero entre sus consecuencias está el haber impedido la llegada de oxígeno a centros hospitalarios, algo que según datos oficiales provocó la muerte de más de 30 pacientes que padecían la Covid-19.   

Más allá de aquello, expertos identificaron que ese proyecto transgrede el Código Penal, la Constitución Política del Estado y hasta el Pacto de San José.

En el caso de la Ley de Estados de Excepción, la norma fue sancionada por la ALP el 17 de junio, y remitida al Ejecutivo para su promulgación. No obstante, el 24 de junio, el Gobierno la envió en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, con  el  argumento de que es una ley “que invade”  las competencias del  Ejecutivo. 

La ley para el Control y Fiscalización de Endeudamiento Público y Donaciones fue promulgada el 10 de julio por la senadora Eva Copa, presidenta de la ALP. Esa ley pone al menos tres “candados” al Ejecutivo en temas de financiamiento, y le exige  informes trimestrales sobre el destino de los fondos, pese a que la Contraloría  tiene esa atribución.

El 11 de agosto, el Senado aprobó la denominada “ley de arraigo”, con la que el partido azul busca que las actuales autoridades tanto del Ejecutivo y Legislativo como del nivel subnacional permanezcan en el país luego de  que terminen su mandato, “a efecto de rendir los informes que se requieran a las autoridades entrantes”. Tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto pasó  a  Diputados.  

El 12 de agosto, la ALP sancionó la ley que regula los efectos de la censura contra ministros. Con esa norma, respaldada por el  MAS, se busca que un ministro   censurado  no pueda volver a ser posesionado en el cargo que ocupaba.  

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