Añez convierte a Oscar Ortiz en superministro de la reactivación económica

El decreto 4234 crea la Comisión Nacional de Reactivación integrada por ocho ministerios y estará presidida por Ortiz. Su plazo de funcionamiento será 180 días calendario, es decir hasta octubre de este año, coincidente con el plazo que reclama el gobierno para viabilizar las elecciones generales donde Añez busca reproducir el poder

De jefe de campaña electoral a ministro de Estado. Oscar Ortiz no juró con las manos vacías sino que el mismo día de su posición, 8 de mayo de 2020, recibió dos decretos a la carta: el primero que le autoriza el uso de semillas transgénicas en favor del agro cruceño, de donde viene, y el segundo lo convierte en el superministro del Consejo Nacional de Reactivación económica y del empleo por un tiempo de seis meses.

De esa manera la presidente transitoria, ahora candidata presidencial Jeanine Añez, encomendó a Ortiz concretar la oferta del 1 de mayo, con motivo del Día Internacional del Trabajo,  de crear 600.000 fuentes de empleo en el área de la construcción y arreglo de vías.

Ortiz fue candidato presidencial por la alianza “Bolivia Dice No” y perdió las elecciones de octubre de 2019 al obtener el 4.41% de la votación nacional. Sin embargo  en el gobierno transitorio accedió al poder y amparado en el decreto de emergencia sanitaria por el Covid.19, tiene la misión de volcar una millonaria inversión, canalizando recursos estatales y créditos de deuda externa.

El decreto presidencial Nº 4234, firmado por Añez y el ministro de la Presidencia Yerko Núñez –su excompañero de bancada opositora en el Senado por Unidad Demócrata–  fue promulgado el 8 de mayo creando el Consejo Nacional de Reactivación cuyo presidente es el flamante ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Oscar Ortiz.

Dicho consejo está conformado por ministros de Energías; Hidrocarburos;  Obras Públicas, Servicios y Vivienda;  Minería y Metalurgia; Desarrollo Rural y Tierras;  Trabajo, Empleo y Previsión Social; y Medio Ambiente y Agua.

De acuerdo con el decreto presidencial colgado en la Gaceta Oficial, el Consejo tiene las siguientes funciones:

 a) Ejecutar el Programa Nacional de Reactivación del Empleo para superar el impacto negativo de la pandemia del Coronavirus sobre la economía y las condiciones de vida de la sociedad boliviana;

b) Proponer proyectos de leyes, decretos supremos y otras normas, en el marco del Programa Nacional de Reactivación;

c) Formular y desarrollar políticas públicas de reactivación y empleo;

d) Coordinar con las entidades territoriales autónomas, la ejecución y desarrollo del Programa Nacional de Reactivación del Empleo;

e) Coordinar con las organizaciones gremiales representativas de los artesanos, pequeños, medianos y grandes productores de las áreas rurales, micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de las áreas urbanas, la ejecución y desarrollo de políticas públicas y proyectos de Reactivación del Empleo;

f) Evaluar los resultados parciales para garantizar su cumplimiento, y en su caso reajustar los objetivos según las necesidades; y

g) Otros inherentes a la ejecución del Programa Nacional de Reactivación del Empleo;

Ortiz también tiene la misión de coordinar medidas y acciones con otros ministerios para la ejecución del Programa en el objetivo de superar los efectos negativos de la pandemia sobre las condiciones de vida, las fuentes de empleo y las unidades de producción económica de la sociedad boliviana.

El mismo decreto dispone que el plazo de funcionamiento de la Comisión será 180 días calendario, es decir hasta octubre de este año, coincidente con el plazo que reclama el gobierno para viabilizar las elecciones generales donde Añez busca reproducir el poder en base a los resultados de la gestión transitoria.

“Lo he invitado al gabinete con dos cosas en mente: la primera, que trabaje usted para reactivar la economía y el empleo solidario y masivo. Trabaje usted sin descanso en esa tarea. La segunda cosa que le pido es que cuide cada detalle para que la tarea de reactivar la economía y el empleo todo sea muy transparente», dijo la presidente Añez a Oscar Ortiz quien sustituyó al empresario Wilfredo Rojo.

El segundo decreto es el Nº 4232 que autoriza el uso de semillas transgénicas en favor del agrocruceño y fue promulgado 24 horas antes de la posición de Oscar Ortiz. Hace una semana el ministro de Gobierno Arturo Murillo se comprometió a canalizar la demanda de los soyeros durante una reunión en Santa Cruz, donde reemplazó al exministro Rojo en las tareas de coordinación de la lucha contra el coronavirus.

Añez promulgó dicho decreto argumentando políticas de seguridad alimentaria, gestión de riesgos y el plan nacional de emergencia 2020 para la atención en diferentes sectores y entidades territoriales por el brote del coronavirus, con lo cual hizo realidad un viejo anhelo del agronegocio cruceño, un tema que el gobierno de Evo Morales trataba entre tira y afloja durante 14 años.

Pero el decreto despertó una ola de protestas de sectores ambientalistas que rechazaron el trabajo encargado a un Comité Nacional de Bioseguridad – manejado por el mismo gobierno – para que autorice previo análisis en procedimientos abreviados, el uso de semillas transgénicas para el cultivo  del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos para garantizar el abastecimiento del consumo interno y comercialización externa.

En su primer viaje a Santa Cruz como ministro de Estado y despojado del cargo de Senador pero no de jefe de campaña, declaró a los medios de prensa que llegaba para coordinar con los sectores productivos la reactivación económica y así enfrentar la difícil época pospandemia.

Dijo que es necesario consensuar leyes que impulsen la reactivación como el alivio tributario, la aprobación de financiamientos y créditos internacionales para que los sectores productivos puedan desarrollar actividades y crear nuevos empleos.

Anunció su disposición de consensuar con sus antiguos colegas en la Asamblea Legislativa, donde la bancada opositora del MAS tiene una aplastante mayoría parlamentaria que no se sabe si daría paso a la aprobación de muchas leyes que, previo a las elecciones generales, podrían ser un instrumento de discurso político.